Las investigaciones por delitos tipificados en las leyes mexicanas, por soborno y asociación para el delito, son una de las aplicables en el caso de Pemex, donde está involucrado su ex director Emilio Lozoya Austin.
El expediente que se lleva sobre las investigaciones de las acciones delictivas cometidas en Pemex, cuando estuvo bajo la dirección de Lozayo, ha dado muchas vueltas. En tanto movimiento hoy día ya se hizo público el extravío, perdida o desaparición de la documentación sobre la evolución del patrimonio del exdirector de Pemex, así como las declaraciones patrimoniales de este. Estos son elementos importantes por lo que se le investiga y que lo llevarían a juicio.
El periódico Reforma se encargó de publicar la noticia
La información la dio a conocer el periódico Reforma, dichos documentos se extraviaron en el marco de la investigación que se lleva contra políticos y ex legisladores que según lo que se ventila recibieron sobornos de la constructora Odebrecht para la aprobación de la Reforma Energética en el 2013.
Según los informes colados a la prensa y provenientes del Poder Judicial de la Federación, de manos del periodista Abel Barajas, indica que en la indagatoria aparecen un oficio que especifica la inclusión de esos documentos. Sin embargo, las 51 páginas con la información patrimonial del exdirector de Pemex no se encuentra agregadas en el expediente. Salta la gran pregunta, si todos los documentos que conforman un expediente, sumándole los que se incluyen van foliados y archivados desde el momento que aparecen en la investigación, ¿Cómo es que desaparecen y nadie sabe lo que sucedió?
En los tribunales los encargados de manejar y distribuir los expedientes, además de lo que archivan los documentos provenientes de la investigación, o aquellos que son ordenados por el juez de la causa deben ser responsable y saber quiénes manipularon dichos documentos. En este tipo de juicios donde hay un delito tipificado, pero está mezclada la política, o en las investigaciones salpica a personajes de poderes políticos, siempre ocurre este tipo de situaciones.
A causa del covid-19 se retrasa aún más la búsqueda de los documentos extraviados
Como se puede observar, en los escritos de la investigación, uno de los acusados de recibir dichos sobornos, es el ex senador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, solicitó una audiencia al juez de control del Reclusorio Norte con el fin de que los fiscales expliquen si omitieron u ocultan la documentación.
Hasta los momentos no existe fecha para esta audiencia, dada a la inactividad por efectos de las medidas de seguridad por la pandemia de Covid – 19 que aqueja a nivel mundial y que se ha marcado en México por los altos índices de contaminados.
La FGR rechazó el pedimento de entregar los documentos a Lavalle
Alegando que no tenía relación con la investigación sobre los presuntos sobornos denunciados por Lozoya, hecho que sucedió el pasado 23 de enero. Esto hace suponer que ellos podrían tener conocimiento de las irregularidades que estaban ocurriendo con dicho expediente. En lo encontrado como resultado de información que domina el periodista ante mencionado, esta que, las evaluaciones y declaraciones patrimoniales omitidas en la indagatoria fueron la clave para que SFP inhabilitara al ex de Pemex por un periodo de 10 años para ocupar cualquier cargo público a nivel federal, en una sanción oficializada en mayo del 2019.
Aquí es donde comienza a tener sentido la desaparición de dichos documentos. En la denuncia de hechos de Lozoya aparecen los nombres del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, los panistas Francisco García Cabeza de vaca, Francisco Domínguez, Ernesto Cordero, Ricardo Anaya, y Jorge Luis Lavalle, así como David Penchyna, José Antonio Medae, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, todos vinculado a la administración de Peña Nieto.
El expediente respecto a las acciones ilícitas detectadas en Pemex, bajo la dirección de Lozoya se ha venido abultando, al ir apareciendo nombres y personalidades que de manera directa o indirecta participaron en la red de corrupción y manejos ilícitos de recursos proveniente de manejos dolosos de los patrimonios de la administración pública, todos penalizado por las leyes vigentes mexicanas.
Las deficientes tramitaciones judiciales dan lugar a la contaminación de evidencia
Las audiencias suspendidas, los retrasos procesales por distintas causas, enfermedad, pandemia, ausencia de jueces, tiempos pedidos por los fiscales en búsqueda de pruebas entre otras tantas tramitaciones judiciales propias de estas investigaciones, que involucran hombres, y nombres de poder político, económico y social que hacen vida pública en el país, llevan a que se contamine las pruebas y dé como resultado la no aplicación de la ley de forma justa al caso que se ventila.
El pasado 26 de enero, un juez federal aplazó la audiencia del ex senador panista vinculado al caso Pemex, Jorge Luis Lavalle Murry, a petición de FGR, que busca imputarlo por los delitos de cohecho y asociación delictuosa.
El ex legislador fue señalado por Lozoya de intentar extorsionarlo con 5 millones de dólares para aprobar las llamadas reformas estructurales. Dicho aplazamiento se debió a que los fiscales que iban a intervenir presentaron síntomas de covid-19.
Como es lógico ante esta suspensión, se hizo pública vía redes sociales la posición de Lavalle, donde deja claro la disposición de acudir ante el juez las veces que sean necesarias, para demostrar la participación de los hechos a los cuales es vinculado por parte de Lozaya, quien es procesado por los sobornos de Odebrecht. Además de plantear que continuara con su derecho a la defensa frente a FGR para dejar claro las mentiras del exdirector de Pemex.
La investigación continúa
Las investigaciones la continúan los fiscales en la recaudación de pruebas, los políticos por zafarse de las posibles relaciones, la defensa exigiendo garantías y pruebas contundente, no solo objeciones y supuestos que no tienen fundamento legal, el Instituto Nacional de Transparencia, acceso de información y protección de datos personales, exigiendo claridad en todos los procedimientos que se han realizado en el caso. Entre ello lo legal e ilegal del traslado de Lozoya, hasta su sitio de reclusión.
Este caso dará mucho que hablar y es posible que involucre a muchas personalidades del mundo político y económico. A todo esto Lozayo presunta un cuadro clínico que el estado está en la obligación de garantizar su vida.
Fuente: https://aristeguinoticias.com/1402/mexico/fgr-extravia-pruebas-contra-emilio-lozoya/
