Para el periodo vacacional de Semana Santa el Gobierno regional coordinó junto con los operadores de transporte la movilización segura de los viajeros.
Semana Santa se desarrolló en las Canarias bajo las expectativas del Gobierno regional de crear medidas que pusieran como prioridad a la salud pública.
La decisión fue discutida en un encuentro previo a Semana Santa entre el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis y el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, junto a los principales representantes de aerolíneas y transporte naviero operativos en Canarias.
El encuentro tuvo como fin definir la aplicación de las medidas que el Ejecutivo canario ha comenzado a poner en funcionamiento para el transporte insular de los viajeros, poniendo como prioridad el desplazamiento seguro y la salud pública de los ciudadanos. Todo esto coincidió con los desplazamientos que se iniciaban para Semana Santa y la activación de la fase 3 en varias islas.
Al encuentro asistieron Andrés Marín, director general de Fred.Olsen; Juan Ramsden, coordinador general de Binter; Régulo Andrade, director ejecutivo de CanaryFly y Paulino Rivero, directivo de Naviera Armas, planteó como principal objetivo garantizar los traslados de los viajeros entre las islas durante la temporada de Semana Santa, cumpliendo a cabalidad con todos los protocolos de seguridad, teniendo en cuenta que gran parte de los canarios ya habían adquirido sus billetes de avión para poder disfrutar en el Archipiélago de sus días de vacaciones.
Garantizando el cumplimiento de las medidas
Se aseguró trabajar en garantizar el cumplimiento de estas medidas que permitirían los viajes de ocio, cumpliendo con los protocolos de seguridad relacionados con el control de la pandemia.
El consejero Sebastián Franquis, transfirió a los operadores del servicio de transporte la responsabilidad de garantizar que se cumplan estas medidas. Destacó sobre todo que deben ser cumplidas, ya que no pueden ser olvidadas las estadísticas que muestran un incremento de los casos de contagio que está relacionado con las temporadas de vacaciones.
Se trasladó a los operadores de transporte la preocupación de Gobierno, porque se tiene en cuenta especialmente que el sector transporte es de carácter esencial y estratégico en las comunidades autónomas, y que debe viajarse con las consecuencias de las nuevas medidas que han sido adoptadas.
Franquis comentó además que el principal objetivo que persiguen es la preservación de la salud de la ciudadanía, que es un elemento vital a la hora de la toma de decisiones de parte del Ejecutivo, y por esta razón no serían limitados los desplazamientos, pero sí se mantendrían vigilantes para que todas las movilizaciones por ocio se hagan de acuerdo a las máximas garantías de seguridad sanitaria.
Priorización de la salud
Por otra parte, Blas Trujillo, consejero de Sanidad, señaló que el Gobierno busca priorizar la seguridad en salud de sus ciudadanos, adoptando estas decisiones con respecto al transporte de los viajeros. La meta planteada se trataba de asegurar que todos aquellos que tenían en sus planes viajar en Semana Santa, en especial ciudadanos de la comunidad tuvieran las vías para hacerlo, junto con la obligación de realizarse las pruebas para la detección del virus, ya que según datos anteriores este es el protocolo aconsejado a seguir en período de vacaciones como el de la “Semana Mayor” que acaba de finalizar y los próximos que se avecinan.
Se recalcó el tono positivo que tuvo la reunión y que se haría un seguimiento en los días posteriores para verificar la incidencia que han tenido estas medidas en la movilidad intrainsular. Se aseguró que el Ejecutivo es consciente y tiene sensibilidad por un sector que en algunos momentos se muestra complicado, como en el estado de alarma, ha cedido en colaboración con el gobierno para continuar manteniendo una cohesión territorial.
En el Boletín Oficial de Canarias, nº 59 se recogieron las medidas que fueron decretadas por el Ejecutivo para Semana Santa y que se activaron hasta el 9 de abril. De igual manera se detalló los casos en que eran permitidos los desplazamientos de fuerza mayor, sin que existiera la obligación de hacerse una prueba diagnóstica para coronavirus.
Las personas que han sido inmunizadas con las dos dosis contra el COVID-19, tienen que presentar igualmente una prueba diagnóstica negativa, debido a que las vacunas inmunizan a las personas, pero no evita que si alguien se contagia siga propagando el virus.
Cuáles fueron las condiciones para los desplazamientos
Las medidas que entrarían en vigor desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril, decretaron que todos los pasajeros que viajaran entre las Islas deberían presentar una declaración de responsabilidad al operador antes de embarcar. La declaración se descargaría en la web del Servicio Canario de Salud, para así poder acreditar el motivo de viaje.
En aquellos casos de desplazamiento por fuerza mayor no será necesario que se proceda a una prueba diagnóstica. Por otro lado, en los casos de desplazamiento por ocio, los viajeros tienen la obligación de presentar una prueba de diagnóstico activo (PDIA) negativa, que haya sido realizada 72 horas previas al viaje. Este último requisito no sería obligatorio para los menores de seis años.
Asimismo, en la web del Servicio Canario de Salud se encuentra el listado de laboratorios y centros autorizados en las Islas.
Tras la realización de la prueba los resultados serían enviados a vía electrónico al correo del Servicio Canario de Salud pdiasviajes@gobiernodecanarias.org, junto a los datos personales, fecha en la que fue hecha la prueba y datos de contactos y técnicos del centro donde fue realizada y los detalles sobre el resultado de antígeno.
Para regresar una vez que ha finalizado Semana Santa, la prueba diagnóstica no será necesaria, ya que solo bastará la presentación de la Declaración Responsable.
También en el mismo Boletín Oficial de Canarias, nº 59 se recogen los supuestos en los que es posible realizar desplazamiento intrainsulares, en relación a los acreditados para casos como asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, actuaciones urgentes ante entes públicos, judiciales o notariales y cumplimiento laborales dentro de la norma.